La bancada de Juntos por el Perú ha presentado una moción para conformar una Comisión Investigadora que esclarezca los presuntos actos de manipulación de la opinión pública durante las Elecciones Generales 2026. En el punto de mira: el consultor político argentino Fernando Cerimedo, sus registros migratorios al Perú y sus vínculos con asesores cercanos a Keiko Fujimori.
«Si estas prácticas fueron utilizadas de manera coordinada, podríamos estar frente a un problema que va mucho más allá de las redes sociales: la posible manipulación de la voluntad ciudadana» Ha manifestado el ex candidado presidencial Roberto Sánchez al anunciar la porpuesta.
¿𝐒𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐓𝐎́ 𝐌𝐀𝐍𝐈𝐏𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐋𝐀 𝐕𝐎𝐋𝐔𝐍𝐓𝐀𝐃 𝐏𝐎𝐏𝐔𝐋𝐀𝐑 𝐄𝐍 𝐋𝐀𝐒 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟔?
La posible utilización de bots, cuentas falsas, identidades ficticias, contenidos sintéticos e inteligencia artificial para… pic.twitter.com/IPOU5hOjhC
— Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) 9 de septiembre de 2026
Los fundamentos de la moción son reveladores y se alejan de la especulación para anclarse en datos duros. Los registros de la Superintendencia Nacional de Migraciones detallan cuatro ingresos de Cerimedo al territorio nacional, siendo el último el 27 de julio de 2026, coincidiendo con la transmisión de mando presidencial.
La red internacional de Cerimedo y sus vínculos con Keiko Fujimori
Recientemente, Nadia Belle, la expareja que Cerimedo habría mandado a asesinar, entregó a La República una fotografía que Cerimedo le remitió el 28 de julio desde el hotel Marriott de Miraflores. El operador aparece junto a una mujer que actuaba como enlace directo con la entonces presidenta electa. Esta coincidencia temporal y estas relaciones personales sugieren una posible operación de influencia sobre la opinión pública en pleno proceso electoral.
El documento parlamentario resulta aún más específico y apunta al corazón de la democracia: la presunta vinculación de Cerimedo con la compra del dominio web «Ojo de Cóndor», presentado como un conteo paralelo al difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
¿Qué busca investigar la comisión Cerimedo?
La moción exige esclarecer su «aptitud para incidir sobre la confianza pública en los resultados oficiales del cómputo». En otras palabras, la comisión busca determinar si alguien intentó sembrar dudas sobre los resultados electorales oficiales mediante un conteo espurio.
La diferencia entre Keiko Fujimori (50,052 %) y Roberto Sánchez (49,948 %) habría sido de apenas una décima de punto porcentual, lo que vuelve especialmente sensible cualquier operación destinada a cuestionar el resultado oficial.
La comisión deberá rastrear los flujos financieros nacionales e internacionales asociados a estas actividades, determinar quién financió la infraestructura de cuentas automatizadas y desentrañar la red de asesores extranjeros.
Entre ellos destaca el empresario argentino Damián Valenzuela, cuyo apoyo a la campaña reconoció públicamente la propia Fujimori.
Valenzuela enfrenta tres fallos judiciales en Florida por fraudes superiores a los 13 millones de dólares. Además, el Banco Central de Uruguay revocó la licencia de su empresa Banfisol por brindar información falsa.
A esta red se suman el cubano-estadounidense Carlos Díaz-Rosillo y el periodista español Javier Negre.
Frente a estas acusaciones, Keiko Fujimori ha deslindado responsabilidades. «Yo puedo señalar con claridad que el señor Cerimedo no ha participado en nuestra campaña electoral», declaró el 2 de septiembre.
Sin embargo, esa negación no cierra el caso. Por el contrario, delimita con precisión el objeto del esclarecimiento: determinar si el consultor investigado o su red operaron en el proceso electoral peruano y, de ser así, por encargo y con financiamiento de quién.
Pero el perfil de Cerimedo resulta, cuanto menos, inquietante.
La caída de Cerimedo en Bolivia
La Policía boliviana aprehendió a Cerimedo en agosto de 2026 por un caso relacionado con un ataque contra su expareja. Las investigaciones fiscales posteriores revelaron otro elemento de interés: durante un allanamiento en La Paz, las autoridades hallaron una «mini granja de bots» y más de 500.000 bolivianos en efectivo.
A esto se suma su historial. En 2023, Cerimedo admitió administrar 50.000 cuentas automatizadas a favor de la campaña de Javier Milei. En 2022, la Policía Federal de Brasil ubicó a Cerimedo dentro de una red de producción de desinformación electoral.
Si la Cámara de Diputados aprueba la comisión investigadora, esta deberá superar primero el voto favorable del 35 % de sus miembros para ser admitida a debate y alcanzar el 45 % para obtener su aprobación final.
La comisión tendría un plazo de 180 días hábiles y facultades extraordinarias: podría citar a comparecencia obligatoria, levantar el secreto bancario y la reserva tributaria, y solicitar información a Migraciones, el JNE, la ONPE, el Reniec y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Vale señalar que el «efecto Cerimedo» ya genera investigaciones en la región. En Chile, una comisión investigadora ya está en marcha; en Bolivia, el consultor enfrenta procesos judiciales; y en Brasil, las autoridades comienzan a rastrear sus operaciones.
Solo en el Perú, donde sus presuntos contactos habrían llegado al círculo más cercano del poder, la investigación apenas comienza. Su aprobación depende ahora de una voluntad política que, hasta el momento, ha brillado por su ausencia.
